Regenerar la democracia y salir de la crisis

Feb 24

Mi conferencia en Fórum Europa Tribuna Mediterránea (Valencia), el día 24 de febrero de 2014:

Unión Progreso y Democracia nació en septiembre de 2007 con un programa básico tan sencillo como ambicioso: comprender las razones del mal funcionamiento de la democracia en España, y emprender las iniciativas políticas necesarias para su regeneración.

Aunque en aquellos momentos nadie hablaba en España de la necesidad de regenerar la democracia, el problema ya existía. Sin embargo hoy una creciente mayoría social percibe un fallo generalizado del sistema, dominado por la corrupción. Por eso la regeneración de la democracia ocupa el centro del debate político.

Llevamos años explicando que el hecho diferencial entre la crisis que sufre nuestro país y el resto de países de nuestro entorno es que en España la crisis es triple: económica, social y política. Por eso la recuperación está siendo mucho más larga y más compleja; entre otras cosas porque los dirigentes de las instituciones democráticas españolas no han estado a la altura de sus obligaciones y se han negado a aceptar que si no superamos la crisis política será imposible afrontar con éxito la crisis económica y social.

Urge pues abordar grandes reformas estructurales, entre otras la propia Constitución, como más adelante señalaré. Qué duda cabe que la Constitución del 78 ha cumplido un papel esencial para construir y afianzar la democracia en España. Pero el modelo bipartidista que diseñó, afianzado en una ley electoral profundamente injusta, ha ido degenerando en una partitocracia asentada en un bipartidismo imperfecto donde PSOE y PP se alternan en el poder, sea con mayoría absoluta o sea con apoyo nacionalista a cambio de nuevas concesiones a sus interminables exigencias.

A pesar de las aparentes malas relaciones entre los partidos viejos y del lenguaje político trufado de descalificaciones personales y sectarias, el hecho es que la manera de gobernar y hacer política de PSOE y PP ha ido pareciéndose cada vez más en los asuntos fundamentales, tales como la evolución del Estado de las Autonomías, la política económica y social, o la política internacional. Qué decir de la política antiterrorista últimamente o de la acción – mejor inacción- en relación con el envite secesionista del nacionalismo catalán.

Nuestro partido nace de la convicción de que en España hace falta un partido político que defienda el Estado, o sea, que vertebre España defendiendo la igualdad de todos los españoles. El proyecto de UPyD es representar en las instituciones a todos los ciudadanos españoles partidarios de regenerar las reglas de la democracia, sin recurrir a atajos irresponsables ni a tentaciones antisistema. Por esa razón nos definimos como un partido transversal articulado por un programa político inclusivo en lugar de por una ideología tradicional. También como un partido inequívocamente nacional, lo que significa el principio de actuar en toda España sin excepciones territoriales y con las mismas siglas y un mensaje común; y como un partido laico y progresista, convencido de que la mejora de la democracia consiste en el progreso de la igualdad ante la ley y del Estado de Derecho, y de la igualdad de oportunidades y la libertad personal, sin que supuestos derechos históricos o colectivos, creencias religiosas o identidades étnicas o nacionalistas puedan emplearse para coartar la igualdad y la libertad o excluir de sus beneficios a cualquier segmento de la sociedad, ni a los habitantes de un territorio particular.

Un número creciente de ciudadanos han apreciado este compromiso y lo han apoyado con su voto, hasta hacer de Unión Progreso y Democracia una auténtica alternativa al bipartidismo. Entre 2008 y 2013 hemos concurrido en once procesos electorales de ámbito nacional, europeo, autonómico y municipal. En todos ellos hemos presentado y defendido con autonomía nuestro proyecto. Y en sólo cuatro años hemos pasado de obtener poco más de trecientos mil votos y un Diputado Nacional a 1.140.242 votos y Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados. Y eso a pesar de una ley electoral tan injusta que produjo, por ejemplo, que más de doscientos mil votos obtenidos en Andalucía tuvieran como resultado cero diputados.

Como solemos explicar, la causa de este progreso es doble: por un lado, el tiempo ha verificado nuestro pronóstico sobre la insostenibilidad del sistema político y la consiguiente crisis del Estado de las Autonomías, y por otro lado UPyD ha demostrado que es un partido necesario. Por eso hemos logrado crecer superando los problemas de la falta de financiación y de las limitaciones de lo que básicamente era -y sigue siendo- una organización de voluntarios. También hemos tenido que superar uno de los hándicaps más importantes para cualquier fuerza política, cual es el escaso eco de nuestras iniciativas en la gran mayoría de los medios de comunicación, con las consiguientes dificultades para darse a conocer en una opinión pública que, pese al avance de internet, se sigue informando muy mayoritariamente a través de los grandes medios audiovisuales.

Como decía, en nuestro país existen dos opiniones encontradas sobre la salida de la crisis. Para unos, el establishment, la solución consiste en salvar al bipartidismo que nos ha conducido a esta situación; y para otros la solución pasa por la refundación radical del sistema social y político. Pues bien, nuestra opción es totalmente diferente: nosotros pensamos que la solución consiste en llevar a las instituciones la regeneración de la democracia representativa.

El trabajo desarrollado por UPyD en estos seis años confirma que es posible convertir las propuestas regeneradoras, que eran minoritarias, en el eje del debate político. Asuntos que en 2009 eran casi tabú o ignorados centran hoy la discusión política, como la reforma electoral y de la Constitución, el Estado federal, la racionalización de las administraciones públicas, la lucha contra la corrupción, la falta de separación de poderes e independencia de la justicia, las desigualdades de origen territorial y los abusos del nacionalismo.

Paso a exponerles algunas de nuestras propuestas:

Una reforma clave para regenerar la democracia y devolver la confianza a los ciudadanos es la reforma de la Ley Electoral. A diferencia de lo que a veces se piensa, esta no es una Ley hecha para favorecer a los partidos nacionalistas; no, es una ley que consolida el bipartidismo y favorece a los partidos políticos que sólo se presentan en una autonomía. Pero, con todo, el principal déficit democrático de esta ley no es que favorezca a unos partidos frente a otros (en clara vulneración del derecho pasivo de ser elegido en igualdad de condiciones) sino que discrimina claramente a los ciudadanos ya que el valor de su voto depende de la opción que elija o de la parte de España en que se ejerza el derecho al sufragio. Con lo que se vulnera un derecho activo irrenunciable: elegir a nuestros representantes en igualdad de condiciones.

Por eso una de las principales medidas para mejorar la calidad de nuestra democracia es la reforma de la LOREG. Nuestra propuesta, ampliamente detallada en la web para quien quiera entrar en más detalles, garantiza la proporcionalidad y también el desbloqueo de las listas electorales.

La segunda cuestión, imprescindible para afrontar la crisis política, es la refundación del estado.

El Estado de las Autonomías es el resultado de una improvisación. Es un modelo híbrido e indefinido de Estado descentralizado con rasgos federales, confederales e incluso centralistas (como el mantenimiento de las Diputaciones provinciales decimonónicas). La consecuencia es que España soporta muchos de los inconvenientes de un Estado federal, como la complejidad administrativa territorial y las disparidades legales, sin ninguna de las muchas ventajas de los diversos modelos federales vigentes en Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Suiza y otros países. En España no existe ni la corresponsabilidad, ni la lealtad, ni el reconocimiento de la cláusula de prevalencia de las leyes “federales”.

Nuestro partido defiende desde su nacimiento la reforma del modelo territorial del Estado. Nuestra reflexión parte de la base de que el Estado de las Autonomías ha derivado en un modelo elefantiásico, insostenible en lo económico e inviable en lo político. Un modelo incapaz, por su estructura obsoleta, duplicada e imprecisa, de garantizar el cumplimiento efectivo de los artículos de la Constitución que son innegociables, aquellos que proclaman derechos fundamentales como la igualdad, la justicia y la libertad.

Nadie puede negar que el sistema autonómico transformó España; y la diversidad, muy especialmente la lingüística y cultural en territorios con dos lenguas oficiales, encontró un camino de desarrollo desconocido hasta entonces. Pero mientras eso sucedía, el nacionalismo identitario, particularmente en Cataluña y el País Vasco, reclamaba una mayor cuota de singularidad. Dicho de otra manera: la alta descentralización política de España resultó incompatible con las ansias de singularidad de los partidos Unión Progreso y Democracia planteó desde su nacimiento la nacionalista. Lo que molesta a los partidos nacionalistas es que no haya más margen para el llamado “hecho diferencial”; eso es lo aviva sus instintos más primarios para reivindicar, por la vía que sea, un trato político diferente.

El modelo federal que defendemos no es una respuesta a las reivindicaciones nacionalistas sino una alternativa al desbarajuste en que se ha convertido el Estado de las Autonomías. Hoy sabemos –para eso sirve la experiencia- que fue una ingenuidad pensar que el modelo autonómico diseñado en 1978 serviría para integrar al nacionalismo; se hizo la España de las Autonomías para que el nacionalismo pasara a ser autonomía y resulta que las autonomías pasaron a ser nacionalistas… No cometamos ahora el mismo error; pretender calmar al nacionalismo -secesionista o no- con propuestas de federalismo a la carta como hacen los socialistas, es una soberana tontería.

No hace falta que explique que no hay doctrina política más contraria al nacionalismo que el federalismo: el federalismo pretende la igualdad; el nacionalismo exige la diferencia. Si se trata de integrar a los nacionalismos hemos de tener claro que habremos de hacerlo política y no sentimentalmente. Es la sociedad política y democrática la que estamos construyendo; y la política no está para proteger los sentimientos de nadie sino los derechos de todos. Conviene que no nos equivoquemos: el nacionalismo es insaciable, y la estabilidad democrática nunca podrá depender de su voluntad

Desde UPyD proponemos un modelo federal cooperativo porque nos parece el mejor para España; por eso mismo partimos de la base de que es más que posible que haya que sacarlo adelante a pesar de los nacionalistas. Hemos de abordar la reforma de la Constitución no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas sino para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI, una sociedad muy diferente de aquella a la que se enfrentaron los constituyentes cuando elaboraron la Constitución de 1978. Defendemos que se aborde esa reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han producido en estos años de desarrollo democrático; pero hemos de hacerlo analizando también las disfunciones que ha generado el modelo abierto e indefinido del texto constitucional.

Reformemos la Constitución atendiendo a la realidad política de la sociedad española y no a la forma en la que los nacionalistas expresan sus demandas. Nosotros proponemos reformar la Constitución cerrando en ella la distribución de competencias entre Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales, de manera que el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para defender el interés general. Es oportuno recordar que en el informe emitido por el Consejo de Estado en 2006 ya se puso de manifiesto que el principio dispositivo que mantiene la constante apertura del sistema de distribución de competencias puede dañar el principio de igualdad y el interés general, y que era recomendable el cierre del sistema y la inclusión en la Constitución de unas verdaderas competencias exclusivas del Estado.

Sin ánimo de ser exhaustivos, proponemos modificar el artículo 150.2 excluyendo de las materias consideradas como delegables o transferibles, en principio y como mínimo, las siguientes: representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio. Además proponemos que se establezca una mayoría más cualificada para la aprobación de los Estatutos de Autonomía. También creemos que dentro de ese diseño federal del estado ha de suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio de unos españoles sobre otros.

En nuestro partido creemos profundamente en las virtudes democráticas del federalismo integrador, porque un sistema político que garantice la unidad e incluya la diversidad es el mejor espacio para el desarrollo de las libertades democráticas. Insisto: diversidad a partir de que esté garantizada la unidad. Y lo repito porque hoy, en un momento en el que se viven fuertes pulsiones separatistas ante la indolencia de unos y la complicidad de otros y en el nadie apenas se osa reivindicar la unidad de la nación española como instrumento imprescindible para garantizar la igualdad y los derechos de la ciudadanía. Ya es hora de que la España constitucional, la que proclama que la soberanía reside en el pueblo español, tenga una oportunidad.

Otro asunto importante para nuestro partido es la reforma del conjunto de las administraciones públicas. La actual organización provincial y municipal de España tiene su origen en el primer tercio del siglo XIX. La Constitución Española de 1812 preveía la creación de ayuntamientos en los pueblos de más de 1.000 habitantes, entonces una entidad de población relativamente grande. Hemos llegado al siglo XXI con 8.112 municipios, de los cuales más de 5.500 tienen menos de dos mil habitantes y en torno al 80% menos de 5.000, situación de auténtico “minifundismo municipal”.

La fusión municipal llega aconsejada por la experiencia de otros países en la mejora de los servicios públicos que prestan. Entre 1950 y 1992 la mayor parte de los países redujeron notablemente el número de municipios: Suecia el 87%, Dinamarca el 80%, Reino Unido el 76% y Países Bajos el 36%. España es de los pocos países europeos que no ha acometido planes de este tipo, e incluso ha seguido el camino contrario. Nuestro modelo municipal no responde a los requerimientos de una sociedad moderna, donde debe primar la movilidad de los ciudadanos y la prestación de servicios de calidad, pero el sistema de partidos está interesado en multiplicar los puestos de representación y gestión.

Un municipio debe gestionar un territorio y una población congruentes con las economías de escala adecuadas para la prestación de servicios, con una estructura administrativa más profesional. La fusión de los 6.821 municipios de menos de cinco mil habitantes que hay en España produciría un ahorro del gasto corriente estimado en 3.866 m€. Con un tamaño en torno a los 20.000 habitantes, el tamaño de municipio más eficiente, el ahorro potencial ascendería a 16.142 m€. La fusión municipal es la clave para suprimir las Diputaciones provinciales, estructura administrativa superviviente del siglo XIX que no se ha adaptado al Estado de las Autonomías y a su distribución competencial, y de entidades intermedias como mancomunidades y entes comarcales. Y que nos cuesta unos 6000 millones de euros al año. El Consejo de Europa acaba de aconsejar a España que fusione los municipios de menos de 10.000 habitantes. O sea que terminaremos haciéndolo, solo que habremos perdido un tiempo precioso.

No quiero finalizar esta intervención sin tocar, siquiera brevemente, un elemento clave que distingue la mala calidad de nuestra democracia. Me refiero a la politización de los órganos de la Justicia. Un país en el que no exista una justicia independiente es un país en el que la democracia se escribe con minúsculas; y eso es algo que no podemos aceptar. Por eso estamos llevando esta batalla a todos los frentes y hemos denunciado ante el T. Supremo el nombramiento de los vocales y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, pues nos parece que el sistema de elección contraviene un principio democrático básico, cual es la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Como saben ustedes los vocales han sido formalmente “elegidos” en las Cortes Generales; pero todos sabemos que han sido previamente designados por cuotas entre los partidos políticos, que creen que los votos que les dan los ciudadanos para ser diputados o senadores les otorgan el derecho a elegir magistrados del TC o vocales del CGPJ. El sistema es verdaderamente escandaloso; en España el principio de justicia ágil e independiente suena a broma. Piensen que existen 10.000 aforados (0 en Alemania), lo que garantiza a todos los cargos electos que no le juzgará el juez natural, que en el supuesto de que acabes delante de un juez, a lo mejor te toca alguien que directa o indirectamente has nombrado; si no, siempre te queda el fiscal actuando como abogado de la defensa o finalmente, el indulto del Gobierno. ¿Cómo va a confiar los ciudadanos en el sistema y en los políticos?

La instauración de la independencia de la justicia hace necesario introducir mecanismos de elección directa, sin control desde los partidos, que impidan la asignación automática de los electos a un grupo determinado e introduzcan incentivos para reforzar la independencia y la responsabilidad de los consejeros. Esta es una batalla que libraremos, como todas, hasta el final.

Un último apunte de nuestra aportación y nuestro compromiso con la regeneración de la democracia y la lucha contra la corrupción. Me refiero a nuestra batalla política y judicial para que los responsables del hundimiento de las Cajas de Ahorros y del diseño y la puesta en circulación de las preferentes paguen por ello. Ha sido este partido, Unión Progreso y Democracia, el que ha llevado ante la Audiencia Nacional a Bankia y a los responsables de las preferentes. Es este partido el que ha llevado a los tribunales a los responsables de Caja Burgos, de Caja Segovia, de Caja Navarra. Porque no estamos dispuestos a aceptar que quienes han quebrado las entidades financieras que constituían el 51% del sistema financiero español se vayan sin asumir responsabilidades de todo tipo: penal, patrimonial, político, profesional… Buen ejemplo, por cierto, de lo que señalaba antes: la falta de independencia de los órganos ejecutivos y de control, parasitados todos por partidos políticos, sindicatos, CCAA…

En fin, que podría abordar otras muchas cuestiones de la agenda de UPyD y de nuestras propuestas políticas y económicas. De todas ellas dan fe no sólo nuestros programas electorales sino nuestras iniciativas en las instituciones. Pero sirva este aperitivo para presentar ante ustedes a un partido político profundamente institucional, inequívocamente nacional, progresista, laico, comprometido con los valores de regeneración democrático y comprometidoambién, con la defensa de la unidad de la nación española, instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de todos los españoles.

Muchas gracias a todos por su atención.

 

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