A favor de España

Ene 30

Mi conferencia en Fórum Europa Tribuna Andalucía (Sevilla), el día 30 de enero de 2014:

“…el simple aleteo de una mariposa

puede cambiar el mundo”.

Tal día como hoy, hace dieciséis años, ETA asesinó en las calles de Sevilla a Alberto Jiménez-Becerril y a su esposa Ascensión García Ortiz. Sus dos asesinos materiales, Mike Azurmendi y José Luis Barrios celebraron el crimen con una “cena especial” y brindaron con sidra. Ambos fueron condenados a 60 años de cárcel. Maite Pedrosa, pareja del terrorista Azurmendi y colaboradora en la organización del crimen, fue condenada a doce años. Kantauri, jefe de ETA que dio la orden, fue condenado a 56 años de cárcel.

Aunque haya quien se empeñe en decirnos que los demócratas hemos ganado a ETA, en nuestro país ocurren cosas que resultan incompatibles con la decencia y la democracia de calidad. Sin ir más lejos, y en relación con los citados asesinatos, conocimos que el alcalde de Villava (Navarra), Pedro Gastearena, de la coalición Bildu, participó el 6 de octubre de 2012 en un acto en el que se homenajeó a varios presos etarras, entre ellos José Luis Barrios. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu archivó en abril de 2013 la investigación abierta al no encontrar “delictivos” esos hechos.

Quiero que este recordatorio sirva para rendir homenaje a Alberto y Ascensión y con ellos a la memoria de todos los ciudadanos asesinados por ETA. Me gustaría también que supusiera una llamada de atención sobre la podredumbre que anida en nuestra sociedad. Una sociedad en la que es posible que los terroristas sean acogidos en sus pueblos con cohetes y fanfarrias y en la que los portavoces de los criminales están en las instituciones democráticas, es una sociedad que ha perdido todo referente moral.

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda el Foro Nueva Economía para reafirmar el compromiso de Unión Progreso y Democracia con la defensa del estado. Defender el estado es defender la justicia; defender el estado, en concreto, es defender la unidad de la nación española como instrumento imprescindible para garantizar la igualdad. Defender el estado es también hacer política para regenerar la democracia, para que las instituciones funcionen, para que los enemigos de la democracia no logren sus objetivos.

Nadie puede negar que vivimos tiempos oscuros, convulsos; tiempos de cobardía y de miseria. Como dijimos desde el inicio de la crisis, lo peor de lo que le pasa a España no es la crisis económica sino la crisis política, la crisis de valores. Los ciudadanos han perdido la confianza en la política y crece el desapego hacia el conjunto de las instituciones, lo que resulta malo para la democracia.

Por eso resulta imprescindible que afrontemos la crisis política y de valores y que no nos engañemos pensando que el problema es la economía. El Presidente del Gobierno, los partidos viejos, el establishment en general, prefieren que si obviamos los problemas estos dejarán de existir; pero es precisamente esa actitud conservadora, en el sentido más amplio de la palabra, la que nos ha conducido a esta situación. Zapatero y Rajoy (PSOE y PP) no son tan distintos en su actitud ante la triple crisis que sufre España; el primero negaba la económica y el segundo niega la política. Ambos partidos prefieren fiar el futuro de nuestro país a las decisiones que tomen los demás: “lo que me interesa es saber si Alemania lo tiene claro”, que diría Rajoy.

Viene esta reflexión a cuento de un “pensamiento” muy extendido en la política española: el bipartidismo es un horror… pero nada es posible sin el PP y el PSOE. El trabajo en pro de esa idea ha sido tan constante que mucha gente parece creer que la estabilidad de España pasa por la salud del bipartidismo y que cualquier alternativa política a la suma de los dos partidos viejos sería el caos. Hombre, yo entiendo que ambas formaciones políticas –y sus múltiples voceros mediáticos- alerten sobre los males del fin del bipartidismo, esa época dorada en la que ambos partidos se han garantizado y ejercido el poder alternativo.

Pero, ¿y los ciudadanos? ¿No hay en España nadie que considere que el modelo del bipartidismo asimétrico (que logra mayorías para definir políticas nacionales con partidos que no creen en la nación española) es una anomalía incompatible con una democracia de calidad? Más aún: ¿Acaso no son responsables los dos partidos, con la inestimable ayuda de los nacionalistas y de IU, de los males que nos aquejan?

Claro que ellos son los primeros responsables; y claro que hay alternativa, que en nuestro país es posible hacer otra política y también hacer política de otra manera. Aunque los viejos partidos se empeñen en simular grandes y profundas discrepancias entre ellos, lo cierto es que mantienen un pacto de hierro para que nada de lo sustancial cambie y poder así garantizarse, se hunda o no el país, la alternancia en el poder.

Son los partidos viejos los que siguen defendiendo una democracia intervenida, con instituciones parasitadas por los políticos de cuota. Son los partidos viejos los que defienden un Consejo General del Poder Judicial compuesto por magistrados de cuota que funcione al servicio de sus propios intereses. Son los partidos viejos los que no quieren cambiar una ley electoral diseñada en la transición para garantizarles al PP y al PSOE la alternancia en el poder. Son los partidos viejos, que parasitaron los órganos de las cajas de ahorros y las llevaron a la quiebra, los que siguen interviniendo en los órganos reguladores y de control. Son los partidos viejos los que quieren que se mantenga el aforamiento de los cargos públicos –más de 10.000 en España contra cero en Alemania-; son los partidos viejos los que cambiaron el artículo 135 de la Constitución para que el pago de la deuda sea prioritario sobre cualquier necesidad nacional; son los partidos viejos los que han precarizado el empleo – sí, ambos defienden un modelo de relaciones laborales obsoleto, que agranda la brecha de desprotección entre trabajadores con contrato temporal y trabajadores con contrato indefinido-; son los partidos viejos los que oponen a la fusión de municipios y se empeñan en mantener instituciones obsoletas e inservibles como las Diputaciones, convertidas en auténticos chiringuitos de poder partidario; son los partidos viejos los que impiden que el Código Penal recoja el delito de financiación ilegal de los partidos políticos; son los partidos viejos los que se oponen a que el código penal incorpore el delito de enriquecimiento ilícito de los cargos electos; son los partidos viejos los que mantienen en las instituciones y en las listas electorales a los acusados por delitos de corrupción política; son los partidos viejos – PP, PSOE, IU, CIU y PNV- los que impiden las reformas profundas porque mientras las estructuras se mantengan como tal ellos lo han diseñado, con crisis o sin ella, con ruina y con desesperación, se mantendrán alternativamente en el poder.

Pero los partidos, viejos o nuevos, no somos nada si los ciudadanos no nos votan. Por eso es tan importante luchar contra la idea de que todos somos iguales. Una idea extendida por los que sí que son iguales entre ellos y que no tiene otro objetivo que mantener el statu quo. Por eso es tan importante que, en foros como estos, un partido que hace bandera de la regeneración democrática, de la reforma del estado y de la defensa de la unidad de España pueda explicar su alternativa.

En las democracias fuertes hay separación de poderes, reglas claras, leyes que se cumplen e instituciones que asumen su responsabilidad. Las democracias de calidad se caracterizan también por la existencia de ciudadanos críticos, que no entregan ningún cheque en blanco a sus representantes, que se comprometen y ejercen plenamente su ciudadanía. En las democracias de calidad los responsables políticos no esperan las sentencias firmes para abandonar los cargos públicos cuando son acusados de corrupción política, que no consiste solamente en llevarse el dinero público: ser acusado de haber engañado sobre una titulación es motivo suficiente para dimitir fulminantemente. ¿Les obliga la ley? No; pero los ciudadanos no les perdonarían y no les volverían a votar.

Pues bien, todas esas medidas, regeneradoras de la democracia son las que UPyD defiende cada día en todas las instituciones en las que estamos presentes. Por eso hemos planteado la reforma del código penal y de la ley electoral: para que resulten inelegibles los acusados por delitos contra la administración

Defender el Estado social y democrático de Derecho es también defender la unidad de la nación española, instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de todos sus ciudadanos. Defender a España es defender la vigencia de la ley sobre las aspiraciones o las propuestas que necesitan ejercer la violencia (física, ideológica, social, cultural…) para imponerse al conjunto de los ciudadanos.

Defender a España es garantizar la seguridad de los ciudadanos, ya sea cuando ejercen el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación política o a la discrepancia frente a la ideología dominante; defender a España es garantizar -a través de la acción de los poderes públicos- que no habrá impunidad para quienes violen esos derechos fundamentales de cada uno de nuestros conciudadanos.

O sea, defender a España es, en el momento presente, aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía. Un gobierno autonómico que incumple de forma reiterada las sentencias de los tribunales, que invierte recursos de todos los españoles para publicitar un referéndum ilegal, que desacredita más allá de nuestras fronteras a la democracia española con una campaña plena de falsedades e insultos, que gasta los recursos públicos en fomentar la división entre ciudadanos mientras crecen las desigualdades y la pobreza, es un gobierno que debe ser intervenido precisamente en defensa del interés general.

Defender a España es, también, impedir que se produzcan homenajes a los terroristas que salen de prisión como consecuencia de la irresponsable interpretación que hacen los tribunales de justicia y la Fiscalía del Estado de la sentencia de Estrasburgo sobre el caso Inés del Rio; defender el estado social y democrático de Derecho significa perseguir y poner a disposición de la justicia a quienes protagonicen esos flagrantes delitos de enaltecimiento del terrorismo. Por eso hemos llevado varias veces al Congreso de los Diputados una petición para que se inicie un procedimiento de ilegalización de todo el entramado de ETA; propuesta que los partidos viejos han rechazado unánimemente. Por eso, también, hemos pedido en el Congreso que antes de darles cualquier prestación por desempleo a los terroristas que salen de la cárcel se les exija que cumplan con lo previsto en la ley, entre otros en el artículo 90 del Código Penal, eso es, arrepentimiento, petición de perdón y, sobre todo, colaboración con la justicia para esclarecer los más de trescientos crímenes aún no juzgados.

Defender a España es denunciar el atraco a la democracia que ha supuesto el reparto impúdico entre los partidos políticos del máximo órgano de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial. Un país en el que se incumple un precepto constitucional básico – todos los ciudadanos son iguales ante la ley y todos los ciudadanos tienen derecho a un juez independiente- es un país en el que no existe democracia.

Y esa es la desgraciada realidad de España: que los partidos políticos viejos, el establishment formado por PP, PSOE, IU, PNV y CIU, han pervertido el sistema hasta el extremo de llegar a considerar que los votos que los ciudadanos emiten para elegir a sus representantes en las Cortes Generales les dan derecho a tener vocales en el Consejo General del Poder Judicial. La consecuencia de esta aberración es que queda garantizado que en la práctica no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley; ya se encargan entre ellos de que se cierre el círculo de la impunidad: primero se generaliza el aforamiento (todos los cargos electos están a salvo de que les juzgue el juez de primera instancia, el juez ordinario); después se reparten los vocales del órgano que nombra a los jueces del Supremo o del Superior de Justicia, tribunales encargados de juzgarles en un supuesto de corrupción; después, si eso falla, apelan al Fiscal para que haga de abogado de la defensa (por aquello de que también le han nombrado ellos mismos); y, en última instancia, siempre les queda el indulto, que en el sistema español consagra no sólo la discrecionalidad sino la arbitrariedad. Por eso en este momento defender concretamente a España es garantizar la separación de poderes y denunciar – política y penalmente- a quienes protegen la impunidad de los usurpadores y de los delincuentes. Por eso hemos denunciado ante los tribunales los nombramientos de los vocales y del Presidente del Consejo.

Si convenimos que estas anomalías que he señalado son déficits propios de nuestro país y no tienen parangón con ninguna de las democracias de nuestro entorno, la inevitable pregunta es cómo hemos llegado a esto, “en qué momento se jodió el Perú”, tal y como se preguntaba consternado Santiago Zabala, el protagonista de “Conversación en la Catedral”, la genial novela de nuestro amigo Mario Vargas Llosa. En qué momento empezó a “estropeársenos” una transición modélica como fue la española y hasta cuándo vamos a consentir que continúe la deriva sería pues la segunda parte de esta reflexión.

Nuestro partido defendió desde su nacimiento la reforma del modelo territorial del Estado. Nuestra reflexión parte de la base de que el Estado de las Autonomías ha derivado en un modelo elefantiásico, insostenible en lo económico e inviable en lo político. Un modelo incapaz, por su estructura obsoleta, duplicada e imprecisa, de garantizar el cumplimiento efectivo de los artículos de la Constitución que son innegociables, aquellos que proclaman derechos fundamentales como la igualdad, la justicia y la libertad.

Nadie puede negar que el sistema autonómico transformó España; y la diversidad, muy especialmente la lingüística y cultural en territorios con dos lenguas oficiales, encontró un camino de desarrollo desconocido hasta entonces. Pero mientras eso sucedía, el nacionalismo identitario, particularmente en Cataluña y el País Vasco, reclamaba una mayor cuota de singularidad. Dicho de otra manera: la alta descentralización política de España resultó incompatible con las ansias de singularidad de los partidos nacionalistas. Lo que les molesta es que no haya más margen para el llamado “hecho diferencial”; eso es lo aviva sus instintos más primarios para reivindicar, por la vía que sea, un trato político diferente.

El modelo federal que defendemos desde nuestro partido no es una respuesta a las reivindicaciones nacionalistas sino una alternativa al desbarajuste en que se ha convertido el Estado de las Autonomías. Hoy sabemos –para eso sirve la experiencia- que fue una ingenuidad pensar que el modelo autonómico diseñado en 1978 serviría para integrar al nacionalismo; se hizo la España de las Autonomías para que el nacionalismo pasara a ser autonomía y resulta que las autonomías pasaron a ser nacionalistas… No cometamos ahora el mismo error; pretender calmar al nacionalismo -secesionista o no- con propuestas de federalismo a la carta como hacen los socialistas, es una soberana tontería.

No hace falta que explique que no hay doctrina política más contraria al nacionalismo que el federalismo: el federalismo pretende la igualdad; el nacionalismo exige la diferencia. Si se trata de integrar a los nacionalismos hemos de tener claro que habremos de hacerlo política y no sentimentalmente. Es la sociedad política y democrática la que estamos construyendo; y la política no está para proteger los sentimientos de nadie sino los derechos de todos. Conviene que no nos equivoquemos: el nacionalismo es insaciable, y la estabilidad democrática nunca podrá depender de su voluntad

Desde UPyD proponemos un modelo federal cooperativo porque nos parece el mejor para España; por eso mismo partimos de la base de que es más que posible que haya que sacarlo adelante a pesar de los nacionalistas. Hemos de abordar la reforma de la Constitución no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas sino para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI, una sociedad muy diferente de aquella a la que se enfrentaron los constituyentes cuando elaboraron la Constitución de 1978. Defendemos que se aborde esa reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han producido en estos años de desarrollo democrático; pero hemos de hacerlo analizando también las disfunciones que ha generado el modelo abierto e indefinido del texto constitucional.

Reformemos la Constitución atendiendo a la realidad política de la sociedad española y no a la forma en la que los nacionalistas expresan sus demandas. Los nacionalistas se integrarán, con más o menos satisfacción, dependiendo de las circunstancias. Pero esa integración será siempre temporal, por lo que nunca deberá condicionar nuestras decisiones.

Nosotros proponemos reformar la Constitución cerrando en ella la distribución de competencias entre Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales, de manera que el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para defender el interés general. Es oportuno recordar que en el informe emitido por el Consejo de Estado en 2006 ya se puso de manifiesto que el principio dispositivo que mantiene la constante apertura del sistema de distribución de competencias puede dañar el principio de igualdad y el interés general, y que era recomendable el cierre del sistema y la inclusión en la Constitución de unas verdaderas competencias exclusivas del Estado.

Sin ánimo de ser exhaustivos, proponemos modificar el artículo 150.2 excluyendo de las materias consideradas como delegables o transferibles, en principio y como mínimo, las siguientes: representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio. Además proponemos que se establezca una mayoría más cualificada para la aprobación de los Estatutos de Autonomía.

También creemos que dentro de ese diseño federal del estado ha de suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio de unos españoles sobre otros.

La reforma de la Constitución habrá de abordar otras cuestiones claves para la regeneración democrática, tales como la reforma del Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y la Ley Electoral, reforzando también la laicidad del Estado. Y también el título dedicado a la Corona.

En nuestro partido creemos profundamente en las virtudes democráticas del federalismo integrador, porque un sistema político que garantice la unidad e incluya la diversidad es el mejor espacio para el desarrollo de las libertades democráticas. Insisto: diversidad a partir de que esté garantizada la unidad. Y lo repito porque hoy, en un momento en el que se viven fuertes pulsiones separatistas ante la indolencia de unos y la complicidad de otros y en el que nadie apenas osa reivindicar la unidad de la nación española como instrumento imprescindible para garantizar la igualdad y los derechos de la ciudadanía. Ya es hora de que la España constitucional, la que proclama que la soberanía reside en el pueblo español, tenga una oportunidad.

Estas son las propuestas políticas de Unión Progreso y Democracia en relación con la regeneración democrática y la reforma del Estado. Sé que no es fácil llevarlas a cabo; pero creo que la necesidad es mayor que la dificultad. Y, sobre todo, confío plenamente en la razón y la fuerza de la política para hacer posible aquello que es necesario.

He oído tantas veces a lo largo de mi vida: “no es posible”, que de haber hecho caso nunca hubiera emprendido nada. Por eso no existe ni un ápice de ingenuidad por mi parte cuando afirmo que en España estamos en condiciones de que se produzca “el efecto mariposa”, ese pequeño cambio que no es sólo un concepto complejo aplicable en las predicciones meteorológicas o científicas, sino que es toda una filosofía de vida. Porque el campo de la política -que no es sino la implicación de los ciudadanos para construir un determinado modelo de sociedad- , también es un sistema caótico y su comportamiento concreto no siempre es previsible.

Fue el meteorólogo Edward Lorenz quien demostró que la más mínima variación en las condiciones iniciales de un sistema (algo tan simple como utilizar tres o seis decimales) llevaba a grandes diferencias en las predicciones del modelo. O sea, que cambios minúsculos en el comportamiento de las personas conducen a resultados totalmente divergentes. En suma, que un pequeño gesto (la simple elección de los ciudadanos libres de prejuicios, el ejercicio del libre albedrío) puede ocasionar grandes transformaciones en nuestra vida y en nuestro país. Toda una revolución democrática que depende, eso es lo importante, de la voluntad de cada uno de nosotros, ustedes. ¿Lo hacemos o nos resignamos a aguantar lo que nos echen?

Muchas gracias.

Sevilla, 30 de enero de 2014

 

 

 

 

 

 

 

Share