Tiempo de mentiras: la falacia del derecho a decidir

Oct 16

Texto y videos de la interpelación de Rosa Díez al Gobierno 

(16 de octubre de 2013)

 

Interpelo al Gobierno de España para pedirle que actúe ante un fraude legal y constitucional que se esconde tras la falacia del “derecho a decidir” al que apela el nacionalismo catalán para dinamitar el Estado.

Vivimos un tiempo de mentiras; y de cobardía.

  • Se invoca el “derecho a decidir” de los menos  para excluirnos a los más de ejercer nuestro derecho a decidir.
  • Se habla de “respetar la democracia” cuando lo que se pretende es vulnerar el orden constitucional, la propia democracia.

Traigo a las Cortes Generales el debate sobre la falacia del denominado derecho a decidir porque no renunciaré nunca a  defender el derecho de todos los ciudadanos españoles a decidir sobre nuestro futuro, que es inseparable del futuro de nuestro país.

Traigo a las Cortes Generales este debate, ante el silencio y la falta de liderazgo del Gobierno de la Nación y del partido que lo sustenta.

Traigo a las Cortes Generales este debate también ante la ambigüedad del principal partido de la oposición.

Traigo aquí este debate  porque ningún colectivo – ni cultural, ni religioso, ni étnico, ni ideológico- puede estar por encima del derecho de los ciudadanos que lo componen. Como nos recordaba hace unos días José Varela Ortega, parafraseando el discurso del diputado de origen catalán Antoni Capmany, traigo a las Cortes el debate porque  aquí no hay provincia, aquí no hay más que Nación; aquí hay diputados  elegidos por, no de… Aquí somos todos Diputados Españoles.

Traigo aquí el debate porque aquí reside la soberanía nacional, estas Cortes son responsables de frenar lo que el nacionalismo pretende hacer en Cataluña: proclamar unilateralmente la ruptura de España y convertir en extranjeros en su propia tierra a la mitad de los catalanes y a más de cuarenta millones de españoles.

Ya sé que resulta difícil desmontar mitos o responder racionalmente a un discurso emocional, cuasi religioso, que es el que sostiene las mentiras del nacionalismo, lo mismo me da del que se proclama conservador que del que se define como de izquierdas. No cometeré el error de contestar a un discurso emocional con otro igualmente emocional, porque en esta cuestión no hace falta más nacionalismo sino más democracia y porque la democracia no está para proteger los sentimientos sino para garantizar derechos.

En primer lugar, y sólo para que quede constancia, desmontemos la primera mentira que soporta el victimismo del nacionalismo frente a España: “España nos roba”.  Pues bien, España no roba ni a Cataluña ni a ningún otro de los territorios que la componen. Los impuestos son individuales, los pagan los ciudadanos; ciudadanos libres e iguales ante la ley, que son los titulares  de derechos y deberes en cualquier democracia moderna. La reivindicación nacionalista de organizarnos en tribus  que detentan derechos por encima de los ciudadanos no es sino el retroceso a las sociedades pre-democráticas.

Y en segundo lugar, desmontemos aquí en las Cortes Generales el discurso sobre el derecho a decidir, que es la falacia con la que pretender sumar voluntades. Por cierto, que todo este debate me recuerda mucho aquel que vivimos con el Plan Ibarretxe, que murió cuando llegó a estas Cortes en febrero de 2005. En aquel plan se apelaba al derecho  a decidir del pueblo vasco, que llevaba (8000 años, creo que dijeron) sin poder expresarse.  Los nacionalistas catalanes  no van tan lejos en el tiempo, pero en lo sustancial El  Plan y La Vía son como dos gotas de agua.

Vayamos a la cuestión sobre el derecho a decidir. Miren los catalanes, como los vascos y el resto de los españoles, llevamos ejerciendo nuestro derecho a decidir desde que hay democracia. Lo ejercemos cada vez que vamos a una urna, y elegimos a nuestros representantes a nivel local, autonómico, nacional o europeo. Ejercemos el derecho a decidir dentro los límites que establece nuestra Constitución, que como cualquier constitución democrática del mundo regula también  sobre qué se puede y sobre qué no se puede decidir y cual es él ámbito para hacerlo.

La cuestión no es pues que los catalanes no hayan podido decidir; la cuestión es que lo que los nacionalistas catalanes pretenden es cambiar la estructura del Estado al margen de todos los españoles. Lo que los nacionalistas catalanes pretenden es quitarnos al resto de españoles el derecho a decidir sobre la estructura territorial del estado; lo que los nacionalistas catalanes pretenden es cambiar el sujeto de soberanía, modificando de facto el artículo 1.2 de la Constitución: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado”.

Lo que los nacionalistas pretenden es un golpe de estado democrático; si, un golpe  no sangriento, pero igual de violentador del orden constitucional. Porque la Constitución puede cambiarse, pero con arreglo a las normas que la propia Constitución contiene. Por eso el lugar para debatir sobre el denominado “derecho a decidir” con el que el nacionalismo catalán quiere violentar las normas del estado de Derecho debe producirse en esta cámara, que es el lugar en el que los ciudadanos han depositado su soberanía.  Es a estas Cortes a las que les corresponde abrir un proceso constituyente sobre el que deben pronunciarse todos los españoles. Y es a estas Cortes a las que les corresponde cerrar un proceso de hurto de derechos que es lo que se pretende con la llamada Vía catalana; una Vía hacia la ruptura de la convivencia entre conciudadanos; una Vía para obligar a los ciudadanos a renunciar a una parte de lo que son; una Vía que pone la identidad – signifique eso lo que cada cual quiera que signifique- , por encima de los derechos de los ciudadanos; una Vía que expulsaría a los catalanes de España y de Europa. Una vía, que como todas las catalanas, es de pago:   9.375,7 millones.

Todos los españoles, también los nacionalistas, merecen que el Gobierno de una respuesta democrática a este pulso al Estado. Y el silencio o esperar a ver si escampa no es la respuesta que necesitamos.  Ante tanta mentira, ante tanta inseguridad, ante tanta tensión que divide familias y grupos de amigos, ante tanto sentimentalismo enfermizo, fatuo y acomodaticio, el Gobierno debe actuar. Actuar es más que decir que exigirán que se respete la ley (faltaría más…); actuar es algo más que esperar a ver si escampa; actuar no es  negociar bajo manga el precio del chantaje. Actuar es defender el Estado, que es mucho más que defender un mapa; actuar es defender la unidad de la nación española, si: defender la unidad  de la nación como instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.

UPyD defiende la integridad territorial de España, aquí en esta Cámara, que es donde reside la soberanía nacional, porque defender la unidad de la nación española es defender la integridad de derechos de los ciudadanos. Una integridad de derechos que nadie, en nombre de ningún pueblo, historia o fuero puede parcelar.

Los nacionalistas decidieron en el Parlamento catalán que el conjunto de los españoles teníamos que renunciar al ejercicio pleno de nuestros derechos como ciudadanos. Pero no hemos delegado en nadie nuestro derecho a decidir el futuro de nuestro país. Y por eso, para proclamar la vigencia de esos derechos, traemos el debate a las Cortes Generales.

La Vía catalana, como antes lo fue el Plan Ibarretxe, es inconstitucional no porque asuma competencias que no le corresponden: es inconstitucional porque es antidemocrática, porque cercena derechos de todos los ciudadanos, porque impone la visión de una parte sobre los derechos de todos.

Es antidemocrática porque nadie puede convertir en extranjero en su propio país a uno de sus conciudadanos: ni a los catalanes en el resto de España, ni al resto de los españoles en Cataluña.

Es antidemocrática porque nadie puede privar a nadie, en nombre de nada, de ejercer sus derechos como ciudadano.

Lo que es de todos, lo decidimos entre todos. Y el futuro de España, nos compete a todos los españoles. A los catalanes, también. También, pero no  solo.

Insisto: las leyes están para cumplirlas, sin el imperio de la ley no hay ni democracia ni libertad. Y el camino para cambiar una ley cuando  no nos gusta no es suplantar la soberanía a nacional, sino conseguir mayoría, allá donde esta reside, o sea, en las Cortes Generales.

Por eso, ante este envite antidemocrático, le pregunto al Gobierno qué piensa hacer para proteger a los españoles de aquellos que nos quieren arrebatar nuestro derecho a decidir el futuro de nuestro país y de nuestros hijos.

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