CONTRA LA BANALIZACIÓN DEL ABORTO.

Dic 01

En el terreno del aborto hay gente que piensa que cuando una cosa es legal ya no hay nada moral ni éticamente que discutir sobre ella. Y eso es completamente absurdo. Una cosa es que uno cumpla las leyes, porque de alguna manera agavillan a personas con morales diferentes y otra cosa es que tú obligatoriamente tengas que renunciar a tu moral y decir que lo que dice la ley está bien. Yo creo que hay que razonar. Si hay alguien que cree que abortar no es un problema moral, se equivoca. Es un problema moral, lo que no tiene por qué ser es un problema penal, o legal. Yo lo que creo es que legalmente debe haber la posibilidad de un acuerdo. Yo podría decir donde sitúo yo los valores, pero usted podría decirme que conoce a otro señor que los sitúa en otro sitio, y tendría razón. No, el problema es que tenemos que situarlos, para que sean colectivamente aceptables, en un punto que decidamos; y luego moralmente cada persona tendrá que enfrentarse con el dilema. Yo creo que es muestra de salud moral el que una persona dude antes de abortar, aunque el feto tenga una semana”.

Son palabras de Fernando Savater. Es la filosofía en la que se sustenta la enmienda a la totalidad que defendimos el pasado jueves; justo la contraria del espíritu de banalización del aborto que ha inspirado al Grupo Socialista y al Gobierno a la hora de elaborar la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

El Proyecto de Ley elaborado por el Gobierno no mejora la legislación vigente sobre el aborto voluntario. Y por las características sectarias de alguno de sus principios, tampoco ayuda a establecer el consenso necesario sobre una cuestión que, debido a sus profundas implicaciones éticas, divide profundamente a la sociedad española. Si la Ley propusiera un plazo para abortar sin limitaciones, fundado en el consenso médico y científico sobre el momento a partir del cual un feto es viable fuera de la madre, se trataría de una “ley de plazos” que proporciona mayor seguridad jurídica y es más respetuosa con la autonomía de la mujer enfrentada al dilema de interrumpir o no su embarazo por motivos íntimos. Pero el Proyecto que se nos propone mezcla finalmente plazos y supuestos, en un híbrido de escasa solidez jurídica.

Además, da a las menores a partir de 16 años el derecho a decidir la interrupción del embarazo sin necesidad de recabar el consentimiento de sus padres o tutores y sin siquiera informarles, realizando una expropiación indebida de la tutela de mujeres menores en modo alguno justificable. Permitir el aborto a los 16 años es una incongruencia con el resto de la legislación. No encontramos justificación alguna para esta excepción a la mayoría de edad, que de ningún modo puede ser considerada irrelevante o trivial. Si la menor quisiera seguir adelante –o lo contrario—con su embarazo en contra de la opinión de su representante legal, se produciría un conflicto jurídico a resolver judicialmente atendiendo “al interés de la menor” y respetando en todo caso su voluntad si se considera que “tiene suficiente juicio”. Debería bastar con la intervención judicial (como se hace en otros temas, vía art. 158 del Código Civil) para garantizar la debida tutela de los derechos de las partes.  No se ha hecho así; por tanto, encontramos demagógica e incoherente una excepción como la que se pretende instaurar en esta Ley.

De otra parte, convertir la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en ciertos supuestos o plazos en una ley reguladora del derecho al aborto, aunque fuera como “derecho subjetivo a abortar”, implicaría a nuestro juicio una regresión de las libertades públicas. No corresponde al Gobierno ni al Parlamento dar o quitar derechos fundamentales a los ciudadanos, sino a la Constitución. Instituir de algún modo el “derecho al aborto”, en lugar de proceder a su despenalización en determinados supuestos o plazos otorga a las instituciones una capacidad de dar derechos básicos, y por tanto de quitarlos, completamente impropia de la democracia. A mi juicio lo progresista es atenerse al principio de que todo lo que la ley no prohíbe expresamente se atiene a derecho. Si la interrupción libre del embarazo hasta determinado plazo deja de ser un delito, nadie puede ser incriminado por hacerlo: es la libre decisión de una mujer libre. En cambio, regular como un derecho positivo la interrupción del embarazo en plazos y supuestos conlleva una concepción que no compartimos de ninguna manera: que son el Gobierno y el parlamento quienes dan y quitan libertades regulando cómo y cuando ejercer derechos como el de abortar. Una concepción intervencionista y en el fondo autoritaria que obviamente no podemos compartir.

La despenalización del aborto debería abordarse como una cuestión estrechamente vinculada a la educación y formación en todos los ámbitos. Hay razones para sostener que en este aspecto hemos retrocedido en lugar de progresar, y que la juventud actual soporta serias deficiencias educativas en materia sexual y reproductiva, manifestadas en el incremento de los embarazos no deseados y de los consiguientes abortos. Cabe preguntarse si el modo más adecuado de combatir este fracaso es trivializar aún más la interrupción voluntaria del embarazo tal y como nos proponen el Gobierno y el Grupo Socialista al rebajar a los dieciséis años el aborto voluntario sin conocimiento paterno. Creemos que, por el contrario, esta medida sólo sancionará como algo natural e inevitable la ignorancia y la irresponsabilidad en las relaciones sexuales, promoviendo el recurso al aborto como un sistema anticonceptivo habitual entre las adolescentes.

Añado un riesgo más: aunque el Proyecto prevé en su artículo 5 incrementar las medidas educativas en materia de salud sexual y reproductiva, es un hecho insoslayable, y más tras el precedente de la caótica introducción de la Educación para la Ciudadanía, que cada CCAA regulará la educación sexual de forma distinta, en función de los decretos de enseñanza que establecen sus respectivos currículums. En consecuencia, las mujeres que decidan abortar y estén en edad escolar se encontrarán con un apoyo educativo distinto en función de la comunidad autónoma en la que residan.

Una de las cosas más llamativas y preocupantes es la escasa solidez jurídica de este proyecto de ley, que va a generar más inseguridad para las mujeres y los profesionales de la sanidad que la ley actual. Su carácter de híbrido va a ser fuente de numerosos problemas. Fíjense, por ejemplo, en el artículo 15 del proyecto, que permite el aborto voluntario “excepcionalmente” y “por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes”:

c) Cuando se detecten anomalías incompatibles con la vida….o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico…”

Siguiendo la acepción de anomalía del diccionario de la R.A.E. este supuesto permite el aborto en caso de malformaciones, alteraciones biológicas, congénitas o adquiridas del feto incompatible con la vida transcurridas las 22 semanas de embarazo. Desde el punto de vista jurídico estos supuestos de graves anomalías o incluso enfermedades extremadamente graves  e incurables, podrían contravenir lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España el 21 de mayo de 2008, que establece “el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos”.

Otra de las mentiras del Gobierno con que pretende justificar este atropello legal y político es equiparlo con las leyes “de los mejores países de nuestro entorno”, que dijo el Presidente cuando finalizó el trámite, que no el debate. Sirva sólo como ejemplo una somera comparación con la Ley francesa, citada en el Pleno por la Ministra y el portavoz socialista. La regulación francesa está establecida en el “Código de la Salud Pública”, en una sección llamada “interrupción voluntaria del embarazo”, dentro del título dedicado a la “salud de la familia, de la madre y del niño”. El proyecto de ley español es una Ley ad hoc que lleva por título “de la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. Así, mientras en Francia jurídicamente el aborto se regula como una conducta ligada a la familia y a la salud globalmente considerada, en España sólo se relaciona con la sexualidad.  Por no hablar de otros aspectos como el de las menores, los plazos y supuestos, la concepción legal , las garantías o las responsabilidad penal establecidas en la ley francesa que distan mucho de ser homologables con la española.

En fin, que la ley que el Gobierno se empeña en sacar promoviendo la división entre la sociedad y agravando los problemas de seguridad jurídica de la norma actual, lejos de favorecer y reforzar los derechos de las mujeres y la igualdad entre sexos, consigue el efecto contrario, pues según el Proyecto cualquier mujer podría rechazar una “maternidad no decidida libremente”, mientras que el médico o las personas que provoquen un aborto fuera de los casos permitidos en la Ley sí pueden ser condenados a pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial. El efecto que provoca tal discriminación e impunidad es considerar y tratar a las mujeres como menores de edad a perpetuidad, con menor responsabilidad sobre sus actos y menor autonomía ética, merecedoras por tanto de una tutela especial: la del estado en lugar de las de sus padres durante la minoría de edad, y después la de las leyes penales. Algo completamente contrario a la verdadera igualdad.

En definitiva, que estamos ante una nueva irresponsabilidad del Gobierno hecha Ley que, en este caso, no resulta más segura para las mujeres ni para los profesionales de la sanidad, que no aumenta las libertades públicas y privadas pese a la retórica de “nuevos derechos” en la que llega envuelta. Y que, por el contrario, introduce más confusión y erosiona gravemente algunos conceptos jurídicos esenciales como el de la “mayoría de edad legal”. O sea, una ley insostenible.

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