LOS ESCÁNDALOS, LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA JUSTICIA.

Oct 12

La prensa se nos cae de las manos. Es difícil recordar una época tan deprimente en la España democrática; sí, ya sé que aquella en la que los titulares llevaban los nombres del  GAL y/o de  Filesa fue igualmente tremenda, oscura e insoportable. Pero produce un enorme desasosiego que tantos años después estemos en las mismas. O peor; porque no extraer consecuencias de nuestra historia, no aprender de los errores y de los vicios  del pasado y  repetir las mismas irregularidades, las mismas acciones escandalosas,  resulta punible en sí mismo y endurece la gravedad de los hechos.

Me llama la atención la ceguera con la que partidos políticos, medios de comunicación y comentaristas en general se enfrentan con los escándalos de corrupción (política y judicial) que estamos sufriendo. Salvo honrosas excepciones, todos se preguntan sobre el precio electoral que pagará el Partido Popular por el escándalo del caso Gürtel; o el Partido Socialista por el caso Mercasevilla o el golpe de Benidorm. Incluso hay quien editorializa, por ejemplo,  sobre la escasa repercusión a favor del PSOE que el  escándalo del Gürtel va a tener, habida cuenta la debilidad de los líderes del PSOE en Valencia y Madrid. Los unos y los otros, desde la misma cicatera perspectiva, piensan en el rédito o el descuento electoral que producirá lo que estamos viviendo; muy pocos se preocupan por los efectos  democráticos que está teniendo este asunto. El desapego entre ciudadanía y política es la factura que todos estamos pagando; un desapego que tiene ya consecuencias democráticas. Ambos dos se justifican a sí mismos sacando a relucir lo que el otro hizo o lo que tenía que haber hecho. Ambos dos son responsables de que los ciudadanos sientan un enorme asco, una enorme necesidad de desvincularse de la política.

La banalización en términos democráticos de los escándalos que estamos sufriendo demuestra hasta qué punto es urgente una profunda regeneración democrática de la sociedad española y de sus instituciones. Mientras haya quien eche cuentas de los costes electorales, mientras unos y otros se limiten a tirarse los trastos a la cabeza, mientras sigan conjugando el “tú más”, mientras las reacciones del Partido Popular y del Partido Socialista  estén basadas sólo en el cálculo electoral, no tenemos nada que hacer. Se diría que en este país la ideología nacionalista ha llegado a calar tan a fondo que el particularismo ha terminado estando muy por encima del sentido de Estado, muy por delante de la necesidad de  los intereses generales. El: “qué hay de lo mío” ha suplantado cualquier reflexión sobre lo nuestro. Por eso nadie parece preocuparse por las gravísimas consecuencias que esta sucesión de escándalos están teniendo sobre las propias instituciones, sobre la democracia misma.

España tiene dos gravísimas urgencias: regenerar la democracia (hacer política de otra manera) y garantizar una justicia independiente. Ambos déficits se observan con toda claridad tras los acontecimientos que nos perturban las últimas semanas. Por centrarnos en el último gran escándalo, un partido político con voluntad e instrumentos de regeneración democrática jamás hubiera llegado a la situación por la que atraviesa el Partido Popular. Un partido político  (como la sociedad misma) ha de tener reglas claras de funcionamiento; reglas que se aprueban por los órganos competentes y se aplican a todos por igual, sin mirar cómo se apellidan, sin pensar en los efectos negativos que a corto plazo puedan derivarse de apartar de sus responsabilidades a personas con capacidad para poner en dificultades internas al partido o a los órganos que las aplican. Un partido político no puede quedarse inane ante comportamientos particulares como los han protagonizado algunas personas que –avaladas por el carnet del PP, por su cercanía personal a los máximos dirigentes,  y/o  por su influencia en determinadas regiones o esferas del partido– han abusado (cuando menos) de la confianza que en ellos se había depositado.

Hay dos esferas de acción y de exigencia: la política y la judicial. A la dirección del partido le corresponde  depurar responsabilidades políticas, sin perjuicio de la presunción de inocencia a la que tiene derecho cualquier ciudadano. A los jueces  les corresponderá determinar la culpabilidad penal o la inocencia de las acciones por las que se imputa a determinados dirigentes políticos; pero el partido político ha de actuar –al margen de la justicia– de forma urgente, preventiva y ejemplarizante en cuanto se den supuestos como los que nos ocupan, sin ampararse en el argumento  de que los tribunales aún no se han pronunciado. Un partido político serio no puede justificar su inacción amparándose en el comportamiento más o menos denunciable o escandaloso de los propios jueces o fiscales.

Porque tampoco la justicia sale bien parada de este escándalo; más bien se podría afirmar que, salvo que haya una reacción inmediata y contundente,  la justicia está protagonizando un escándalo paralelo de consecuencias insospechadas. Por eso cabe exigir al Consejo General del Poder Judicial una actuación urgente y profiláctica, la misma que le exigimos al Partido Popular. Dado que el Consejo General de la Abogacía se ha pronunciado sobre la ilegalidad de las escuchas que conforman la parte sustancial del sumario que hemos conocido; dado que a través de esas escuchas ilegales hemos conocido que el fiscal pidió al juez que se excluyera del sumario la parte que beneficiaba al Presidente Camps, es ineludible y urgente que el Consejo actúe contra quienes dieron esas instrucciones:  las de escuchar sin garantía legales –poniendo así en riesgo la instrucción–, y la de borrar del sumario la parte que partidariamente no parecía interesar al instructor o a sus amigos. Si es escandaloso que una serie de personas actúen como al parecer lo han hecho –cuando menos corrompiendo y corrompiéndose amparados en las siglas partidarias y en las instituciones democráticas– es mucho más grave que la corrupción resulte institucional y alcance a las instancias judiciales concernidas, al juez que instruye el sumario y al fiscal que lo acompaña. Si el Consejo General del Poder Judicial no actúa inmediatamente, si el Fiscal General de Estado no actúa en consecuencia,  se podría afirmar que la corrupción habrá llegado a las más altas instancias judiciales del país; y entonces sí que podemos despedirnos. Porque sin justicia independiente no hay  ninguna posibilidad de regeneración democrática; ni democracia que merezca tal nombre.

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